Hemos conseguido en un reciente juicio contra una empresa de medicina prepaga (GALENO SA) una medida cautelar para un niño que padece Trastorno del desarrollo del habla (TDH) y del lenguaje no especificado – Trastornos generalizados del desarrollo. Pedimos de manera urgente la cobertura integral de las prestaciones que necesita (medicación; controles periódicos con psiquiatra infantil; pediatra; Fonoaudióloga, Terapista ocupacional, Psicóloga, Hidroterapia; Maestra integradora; Escuela privada que asiste en Venado Tuerto; Musicoterapia; Trasporte y alojamiento a los distintos centros prestadores cuando esto fuera necesario, y Evaluación clínica y orientación terapéutica con del Grupo CIDEP en C.A.B.A.)
Y el Juez del Juzgado Federal de Venado Tuerto resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenar a Galeno Argentina S.A. que otorgue la cobertura: 1) en un 100% de las prestaciones educativas - Escuela de los padres de Venado Tuerto - a la que asiste el niño; 2) en un 100% del transporte para movilizarse a las distintas terapias que actualmente se encuentra cubriendo la demandada - psiquiatra, fonoaudiología, terapista ocupacional, psicóloga e hidroterapia; 3) la Evaluación clínica y orientación terapéutica prescripta en CIDEP en C.A.B.A a valores de Galeno Argentina S.A., es decir hasta el límite del valor económico estipulado y acordado con los prestadores directos y/o contratados de la demandada,con traslado y alojamiento a tales fines.
La demandada apeló la cautelar respecto a la prestación de Educación y el pasado 20 de noviembre de 2019 la Cámara Federal de Rosario Sala B confirmó la sentencia y dijo: "... Como vemos, no puede perderse de vista que en el caso está en juego el derecho a la salud de un menor discapacitado que posee expresamente jerarquía constitucional en virtud del Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, con la incorporación de los Tratados Internacionales (v. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12,ap. 1 y 2, incs. a), b), c) y d); Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25.1 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,art. XI) (v. “Constitución de la Nación Argentina”, comentada por Néstor Sagüés, págs. 139, 149 y 133), alcanzando, su máxima expresión en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. En este sentido, resulta pertinente recordar lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia reiteradamente: “No puede escapar a este examen que lo decidido compromete el interés superior de un menor, cuya tutela encarece, elevándolo al rango de principio, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional con arreglo al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (v. doctrina de Fallos: 318:1269;322:2701;323:854,325:292). Cabe puntualizar además que, a nivel legislativo, la ley 24.901, instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura lo más amplia posible a sus necesidades y requerimientos (art. 1) y dispone que las Obras Sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).. En ese sentido y a los fines de la prestación educativa que aquí interesa, el artículo 21 establece: “Educación inicial. Educación inicial es el proceso educativo correspondiente a la primera etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre los 3 y 6 años, de acuerdo con una programación especialmente elaborada y aprobada para ello. Puede implementarse dentro de un servicio de educación común, en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada”. ...."

Es sumamente importante este precedente judicial, para que los padres de niños especiales sepan que pueden reclamar la cobertura de la Educación común cuando sea posible e indicada.

Fuente: Estudio Jurídico Regis & Sbrizzi  

JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO - SECRETARIA CIVIL
FRO 025602/2019

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