Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones.
La ley 24.901 ampara a las personas con discapacidad. Son personas con discapacidad las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al encontrarse con diversas barreras, ven impedida su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Para acceder a las prestaciones reconocidas por esta ley, es necesario tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que se obtiene en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio.

Dentro de las prestaciones contempladas en la ley, están las "preventivas": y aquí es donde encontramos el apoyo psicológico del grupo familiar.

Cuando la familia recibe la noticia del diagnóstico sobre la discapacidad de un hijo, suele ser traumático y angustiante. Transitar ese recorrido conjuntamente con el inicio de distintas terapias, estudios y tratamientos que el médico tratante comienza a prescribir, suele ser bastante dificultoso.
Cada miembro de la familia comienza a experimentar distintas emociones que probablemente necesiten de la ayuda de un profesional y de distintas estrategias para el andamiaje e intervenciones conjuntas que el equipo terapéutico vaya desarrollando.
Es por ello que la ley otorga cobertura integral para:

a) grupos de apoyo terapéutico y emocional para padres con hijos con discapacidad;
b) apoyo psicológico del grupo familiar (padres y hermanos). Además de ayudar a los familiares a conocer las necesidades y sentimientos del paciente, aumenta la autoestima de éste y propicia la interacción entre todos ellos;
c) cuidadores y/o asistentes para la atención;
d) tecnología adecuada para la asistencia (suele ayudar a las personas con discapacidades a compensar, al menos en parte, una limitación);
e) adaptaciones dentro del hogar;
f) terapias especiales (sensorial, ocupacional, etc); 
g) equipo médico necesario.

La aludida Ley 24.901 instituye el sistema de prestaciones básicas para la atención de las personas con discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades (art. 1), y pone en cabeza de las obras sociales la obligación de brindar las prestaciones básicas (art. 2) mediante servicios propios o contratados (art. 6), en una enumeración hecha a título enunciativo (art. 19), incluyéndose las que sean necesarias a criterio del equipo médico que atienda a la persona con discapacidad.

Esa norma se ve reforzada por nuestra Constitución Nacional, Convenciones y Tratados Internacionales (la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).

LA SALUD ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO

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