El pasado 3 de mayo, el Juzgado n°15 en lo CAyT de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos “D., E. contra GCBA y otros sobre Amparo – Salud – Otros”, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por un hombre con discapacidad contra el gobierno local y, por tanto, ordenó que emita el Certificado Único de Discapacidad que fuera denegado, por un plazo de cinco años.
“La falta de renovación del ‘Certificado Único de Discapacidad’ sin fundamento cierto, supone la lesión de garantías primarias reconocidas en la normativa internacional y nacional, vulnerando la integridad de la persona, la dignidad, y la directiva de protección y asistencia integral de la persona en sentido lato, en tanto se le impide acceder al sistema de protección integral de las personas con discapacidad instituido por la ley 22.431 y al sistema de prestaciones básicas de atención integral previsto en la ley 24.901”, señaló el amparista.
Según surge del fallo, el demandante padece la enfermedad de Wilson, la que le produce una insuficiencia hepática –fibrosis hepática y una discapacidad visceral, considerada “rara”, conforme lo establece la ley 26.689, a la cual adhirió la Ciudad por ley 4307. En esa línea, en 2007, obtuvo el certificado con validez hasta el 2012, que no necesitó renovar debido a que “la enfermedad estaba médicamente controlada”.
Sin embargo, con el paso de los años y el agravamiento de la enfermedad, comenzó a padecer diversas dificultades que le provocaron una importante desventaja para integrarse en la vida social. Y, ante el requerimiento de un nuevo certificado, la Junta Evaluadora del GCBA denegó la renovación.
“Está probado que el Sr. E.D. tiene la enfermedad de Wilson, de origen congénito. Esta condición surge de la documentación aportada a la causa y emanada de la propia demandada e informe pericial. También están acreditados el carácter de afiliado del demandante a OSDE y los rechazos de la Junta Evaluadora Interdisciplinaria del Ministerio de Salud para otorgar un nuevo Certificado de Discapacidad por no encuadrar de los parámetros de las disposiciones vigentes nº 500/2015 SNR y 1019/2015 SNR.”, sostuvo el juez Víctor Trionfetti.
En el caso, para el magistrado, la Junta se refugió en el paradigma del síntoma para rechazar el C.U.D y no consideró la enfermedad en sí misma y el concepto de salud elaborado por la OMS, el cual señala a aquélla como un estado de completo bienestar físico y social, y no solamente de afecciones o enfermedades.
“La conducta de la Administración, en síntesis, afecta la garantía de accesibilidad al disfrute de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad (inc. f, art. 3, CDPCD), aspecto estrechamente ligado a la obtención del C.U.D, pues éste constituye una plataforma que facilita y mejora la obtención de determinadas prestaciones, entre las cuales se encuentra la cobertura del 100% de los medicamentos prescriptos para pacientes con C.U.D., ‘siempre que los mismos sean recetados para tratar patologías directamente vinculadas con la discapacidad del paciente’”, determinó.
Por esas razones, concluyó: “La negativa a renovar al actor el C.U.D. genera en aquél una clara barrera que obstaculiza su acceso pleno al sistema de medidas de protección organizado convencional y constitucionalmente. En consecuencia, haré lugar a la demanda articulada por el actor”.


Fuente: www.laley.thomsonreuters.com (30/05/2019)
Por María Belén Alvarez Echazú
Abogada UBA. Máster en Periodismo UTDT/LA NACION. Ex redactora en la sección de Política de LA NACION. Analista documental externa de Thomson Reuters - La Ley.
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